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Un año de funcionamiento cumple el Foro del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) y las expectativas son altas. Los representantes del ecosistema han participado activamente, han propuesto cambios y ahora esperan que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) considere, al menos, parte de sus recomendaciones.
En un modelo que todos elogian, en diciembre de 2023, el consejo de la CMF aprobó la creación de este foro, que cuenta con cuatro grupos técnicos que actualmente discuten las especificaciones para viabilizar el anexo 3 de la NCG 514 (que establece las reglas para el funcionamiento del SFA) y cuyo trabajo debería concluir a principios de abril de 2025, según la CMF. “Ellos elaboran material y se pone a disposición del foro, donde se discute y los acuerdos se transforman en insumo para el proceso formativo de la CMF”, señalan cercanos al proceso.
Hasta ahora, ¿en qué se ha traducido este diálogo? “El foro ha facilitado el análisis de temas claves para el SFA, incluyendo estándares de seguridad, mecanismos de intercambio de información, autenticación, consentimiento y la infraestructura tecnológica necesaria. Estos aportes han sido relevantes, especialmente tras la publicación de la NCG 514 en julio de 2024, que regula aspectos esenciales del sistema, sentando las bases para su implementación efectiva”, destaca Claudia Sotelo, jefa del Centro de Innovación Financiera de la CMF.
Respecto a los informes entregados por los grupos técnicos, Luis Opazo, gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), subraya que “si bien aún estos temas no se ven plasmados en la normativa, nuestra expectativa es que sean bien acogidos, dado el profesionalismo del análisis de soporte en las distintas materias”.
En tanto, Alejandro Arriagada, secretario general de la Asociación de Retail Financiero, estima que el foro “ha cumplido con el objetivo de generar un espacio de debate para abordar los aspectos técnicos asociados al desarrollo del anexo técnico que complementa la norma”. Pero advierte que hay otros “temas estructurantes, como son la gobernanza de los datos, los servicios complementarios, el consentimiento, el tipo y cantidad de información a compartir, y otros. Esperamos que se cree una instancia para revisar estos temas estratégicos para el ecosistema que se quiere impulsar”, enfatiza.
Para distintos actores del mercado, la creación de este foro —que la CMF espera siga consolidándose como espacio estratégico para abordar desafíos y oportunidades del sistema— es el paso cúlmine del proceso de trabajo conjunto que ha caracterizado la elaboración de las reglas para el SFA y el Registro de Prestadores de Servicios Financieros.
Cabe recordar que la Ley Fintech entró en vigencia el 3 de febrero de 2023, quedando abierta a procesos de consultas para perfeccionar o precisar normas claves que —a juicio de algunos— “no quedaron al 100%”. Es así como entre octubre de 2023 y marzo de este año se armaron una serie de mesas consultivas presenciales y virtuales que revisaron aspectos que iban desde la hoja de ruta y gobernanza hasta estándares técnicos, entre muchos otros, donde participaron 400 personas de unas 140 instituciones.
Luego, entre abril y mayo pasados, se realizó una consulta pública, donde la autoridad recibió 213 comentarios de 47 entidades. Según la CMF, los principales inputs incorporados en este proceso fueron el aumento del plazo para la entrada en vigencia de la ley, de 18 a 24 meses; la reducción de la información histórica de 24 a 12 meses; la frecuencia de actualización revisada; el cambio de mecanismo alternativo múltiple a uno único; la eliminación de sitios de pruebas en cada API, y la revisión de estándares.
Josefina Movillo, directora ejecutiva de Fintechile, valora las instancias de colaboración y destaca que la consulta “refleja un esfuerzo por lograr una representación equilibrada de los actores que intervendrán en el SFA”, y agrega que “con el feedback recibido de la CMF, hemos constatado que los aportes generados por Fintechile y otros gremios están bien encaminados hacia el objetivo final de tener un SFA adecuado a nuestra realidad”.
A juicio de Opazo, “los mecanismos de consulta son parte esencial para el buen diseño de las políticas públicas. En esta materia, si bien pueden existir visiones distintas, el objetivo que debiera ser común a todos los partícipes del SFA es avanzar en un sistema eficiente y seguro para las personas. En presencia de dicho eje ordenador, tanto los análisis como las propuestas de implementación debiesen ser naturalmente incorporadas en la normativa”.
Claudia Sotelo afirma que para el regulador, las instancias de consulta “contribuyeron a una comprensión más profunda de las particularidades de cada materia regulada, lo que resultó en normativas que reflejan las necesidades del sector y los desafíos del ecosistema fintech. Además, la CMF reconoce que la regulación es perfectible y, en ese sentido, mantiene abiertas las puertas para recibir observaciones y sugerencias”, advierte.
En general, la política de consultas de la CMF es bien valorada por el mercado, y “esta metodología debiera ser replicada por el Estado en su conjunto, como también la necesidad de que existan análisis de impacto regulatorio cuando se promuevan nuevas normativas”, destaca Arriagada.
Pero no todo, eso sí, ha sido recogido o acordado. Ello, porque tanto el foro como las distintas instancias de diálogo descritas no son vinculantes, es decir, la autoridad no está obligada a tomar todo lo que se plantee; puede elegir lo que estime conveniente para el mejor funcionamiento de la ley.
Así, por ejemplo, la creación del Registro de Prestadores de Servicios Financieros —que pasó por un proceso participativo— no cuenta con el apoyo total de los representantes del sector privado, y se plantearon múltiples interrogantes respecto a los requisitos establecidos en un proceso que tiene como fecha tope el 3 de febrero próximo.
El 6 de diciembre recién pasado, la CMF publicó algunas respuestas a comentarios de más de 18 entidades. “Estos ajustes tienen por finalidad dar mayor claridad sobre los requisitos para la inscripción y autorización, demostrando la disposición de la CMF para ajustar y perfeccionar las regulaciones basándose en los comentarios recibidos”, subraya Sotelo.
Si bien el mercado reconoce que se solucionaron ciertos problemas y se aclararon algunas dudas, no se acogió la petición más relevante para muchos, que era correr la fecha límite. Ello no fue posible, porque los plazos están establecidos en la ley, lo que hoy complica a buena parte de la industria, especialmente a las startups y pequeñas fintech, que ven casi imposible llegar a la fecha.
Josefina Movillo argumenta que “existían ciertos elementos clave para que el proceso de registro fuera exitoso, los que no fueron abordados por la CMF al momento de elaborar la norma definitiva, como la falta de proporcionalidad efectiva en la determinación de los bloques y requisitos, y la claridad respecto de la situación de ciertas empresas, como las dedicadas al factoring. En el contexto de un aumento de exigencias regulatorias, producto de otras leyes dictadas en el último tiempo, estos aspectos nos parecen cruciales”.
Aunque hoy todos están determinados a correr hasta el último minuto, es muy difícil prever cuántos lograrán cumplir con la inscripción.
Patricio Valenzuela, director general de Regulación de Conducta de Mercado de la CMF, informa que “al 6 de diciembre se contabilizan 168 entidades con inscripción vigente en el registro, siendo la mayoría asesores de inversión, mientras que otros 132 procesos se encuentran hoy en la etapa de revisión de su inscripción. A su vez, existen 165 entidades ya autorizadas para ofrecer sus servicios, con otros 63 procesos de autorización vigentes”.
Sin embargo, no es posible estimar el grado de avance del proceso, ya que no existe un catastro de las empresas que prestarán servicios regulados por la Ley Fintech. Y la industria observa que muchos de esos asesores de inversión ya inscritos pueden ser los llamados finfluencers, por lo que la cantidad real de compañías que ya cumplieron con el trámite y las que faltan, es incierta.
Es más, el mercado asegura que no todos alcanzarán a hacerlo, lo que genera otra interrogante: qué pasará con las fintech no inscritas el 4 de febrero.
“Quienes al 3 de febrero de 2025 no hayan presentado sus solicitudes de inscripción y autorización podrían incurrir en las infracciones que establece la ley, por el hecho de estar prestando un servicio regulado sin cumplir el requisito de estar inscritos y autorizados por la CMF”, enfatiza Patricio Valenzuela, de la CMF.
Y agrega que “quienes presenten ambas solicitudes dentro de ese plazo podrán seguir funcionando mientras la CMF no haya rechazado esas solicitudes, por no haberse ajustado a lo establecido en la ley y la NCG 502 (y sus modificaciones)”.
Este será, probablemente, el mayor punto de debate desde ahora. “Entendemos que las empresas que no hayan iniciado su proceso ante la CMF no podrán operar después del 3 de febrero, por lo que la CMF tendrá que hacer uso de sus facultades caso a caso. Y entendemos que no se debiese paralizar la industria fintech en el intertanto, dado que cualquier regulación que dificulte el desarrollo proporcional de nuestra industria inhibiría iniciativas innovadoras en materia de servicios financieros, que no hacen otra cosa que potenciar la competencia e inclusión financiera de nuestro país, permitiendo llegar a las familias chilenas con mejores y más accesibles oportunidades en el mundo financiero”, enfatiza la directora ejecutiva de Fintechile.
