Chile ha ido experimentando una acelerada evolución en materia de digitalización de los servicios financieros. Este escenario está impulsando la competencia en esta industria, obligando a todos sus actores a perfeccionar constantemente sus productos y a costos cada vez más accesibles, contribuyendo de esta manera a la inclusión financiera del país.

Pero todo cambio viene acompañado de desafíos. En este caso, uno de los principales ha sido la ciberseguridad, cuya regulación se modernizó este año a través de una nueva Ley, la cual establece institucionalidad en esta materia, con la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad; la actualización de su ámbito de aplicación; la definición de deberes y sanciones, entre otros puntos.

Sin duda, se trata de un avance significativo, pero para que prospere, debe existir una estrecha colaboración entre el sector público y privado. El Estado maneja información clave que puede ser utilizada para disminuir las brechas en ciberseguridad y fraudes, particularmente en la verificación de identidad. Ejemplos como Australia y el Reino Unido demuestran que cuando ambos sectores colaboran, los beneficios son mutuos. En lugar de centrarse únicamente en sanciones, el Estado debería proporcionar recursos técnicos para fortalecer la ciberseguridad y la prevención de fraudes. En Chile, ya se ha iniciado este camino por el regulador  - pero necesitamos que todos los actores del ecosistema financiero  colaboren en él.

Esta colaboración también podría ser crucial en la lucha contra delitos como la suplantación de identidad, uno de los fraudes más comunes en el entorno digital. 

Pero eso no es todo. La incorporación de tecnologías avanzadas, como la verificación biométrica y la autenticación multifactorial, facilitaría procesos más seguros, permitiendo a empresas, no sólo financieras,  y ciudadanos operar en un entorno más protegido.

Y este es uno de nuestros desafíos actuales como país: la prevención efectiva necesita sin duda de marcos legales robustos, pero también requiere de un ecosistema de cooperación que integre tanto a los reguladores como a los actores privados, incluyendo a las empresas de servicios financieros de base tecnológica. Entre todos pueden desarrollar un fuerte mecanismo para reducir al máximo los riesgos de ciberataques, los cuales son cada vez más sofisticados y recurrentes. Avanzar en la co-construcción de un ecosistema digital financiero robusto y protegido, a través de un ambiente de innovación, competencia e inclusión financiera, es uno de los objetivos de la industria Fintech.

La verdadera efectividad de la ley radica en fomentar un intercambio continuo de conocimientos y capacidades entre sectores, en medio de una economía y usuarios cada vez más digitalizados y más propensos a este tipo de amenazas. Construir una defensa sólida contra las crecientes amenazas digitales, que resguarde y proteja a todos los chilenos es una tarea de todos.

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