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El proyecto, que ha generado expectativas positivas en la industria, propone que bancos y emisores de tarjetas serán los primeros en adaptarse a la práctica del open banking.
Chile se prepara para la aprobación de la ley que regulará las iniciativas financieras basadas en tecnología y que además introducirá un estándar obligatorio de open banking que le permitirá al usuario elegir servicios fuera de su banco para efectuar pagos directos, de manera más sencilla y eficiente.
Antes de la presentación del proyecto de la Ley FIntech a principios de septiembre no se conocían las bases que regirán el open finance en el país, aunque se venía hablando de la normativa desde finales de 2020. Del documento se desprende que los bancos y emisores de tarjetas serán los primeros que deberán entregar los datos -previamente consentidos- de sus clientes.
"(El apartado de banca abierta) está solo circunscrito a datos financieros, dentro de la regulación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF): bancos, emisores de tarjetas, operadores de tarjetas, compañías de seguros", explicó a iupana Ignacio Pera, líder del área fintech y capital de riesgo en Dentons, firma legal global.
El resto de los entes financieros podrían ser llamados a participar en el estándar, pero eso dependerá de la CMF y del volumen y el impacto que tengan en cuanto a la información que manejan, adelantó el abogado.
En sentido general, el proyecto está elaborado bajo los principios de la proporcionalidad y la prudencia regulatoria, es decir que no supervisará a todas las empresas con un mismo barómetro.
"La CMF da cierta libertad para incentivar que ciertas empresas que no logren cumplir con los incentivos puedan operar igual. Es como un sandbox no regulado", dijo Pera.
Es así que, bien se establecen requisitos obligatorios para los startups que quieran prestar servicios supervisados, faculta al regulador a distinguir ciertas condiciones, como el volumen de las operaciones de una empresa. Por ejemplo, si una compañía no logra cierto umbral de ventas, no tendrá que cumplir con un nivel de capital de 5.000 Unidades de Fomento (UF) o unos US $192.000.
La norma fue introducida por el Gobierno al parlamento chileno el 2 de septiembre y hasta ahora ha generado expectativas positivas dentro de la industria.
Ahora el Congreso deberá hacer la revisión de los aspectos generales de la Ley y producir la normativa secundaria, que efectivamente creará las cláusulas que deberán seguir los modelos regulados. Pera adelantó que este proceso podría tomarse al menos un años más.
"El proyecto de ley contiene bastantes aspectos teóricos destacables, pero lo primordial son los principios -proporcionalidad basada en riesgos, neutralidad tecnológica y modularidad- y objetivos en que se basa la regulación -inclusión e innovación financiera, promoción de la competencia, protección al cliente financiero", detalló Ángel Sierra, director ejecutivo de Fintech Chile.
La entrada en vigencia de la Ley además implicará la modificación de otras normas con el fin de ajustarlas a productos y servicios actuales.
Con el objetivo de destacar los principales aspectos del proyecto de Ley Fintech en Chile en iupana elaboramos el siguiente resumen:
Lee el informe de 8-páginas de iupana sobre las nuevas regulaciones en Chile, para entender:
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