Una intensa disputa legal entre distintos actores del comercio y la banca se desarrolla en distintas regiones, a raíz de la decisión del Comité para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio (CFLTI) de postergar la rebaja de estas tasas, inicialmente programada para el 1 de octubre de 2024.

A inicios de 2023, el Comité -donde participan representantes de la CMF, Banco Central, FNE y Ministerio de Hacienda-, fijó los límites a los cobros, lo que implicaba una reducción que se realizaría en dos tandas. En la primera etapa, la tasa quedó en 0,50% para débito, 1,14% en crédito y 0,94% en prepago. El segundo ajuste comenzaría el 1 de octubre de 2024, y fue congelado, recudía esos límites máximos a 0,35% en débito, 0,8% en crédito y 0,8% en prepago.

Entre el 18 y el 19 de diciembre de 2024, José Clemente Coz, abogado que representa a un grupo de franquiciados de Farmacias Cruz Verde, presentó nueve recursos de protección ante las cortes de apelaciones de Iquique, Antofagasta, Copiapó, Valparaíso, Rancagua, Chillán, Concepción, Puerto Montt, Punta Arenas y San Miguel. Hasta la fecha, siete de estos recursos han sido rechazados, mientras que tres permanecen en trámite: los presentados en Copiapó, Chillán y Puerto Montt. A la disputa se han hecho parte Mercado Pago, Los Andes Prepago, Walmart y Copec.

Los franquiciados de la cadena de farmacias argumentan que las resoluciones del Comité incrementaron de manera ilegal y arbitraria las comisiones aplicadas a las transacciones con tarjetas de débito y crédito. Además, señalaron que estos incrementos representan costos excesivos para sus negocios, contrastándolos con los montos que deberían haber pagado de haberse implementado la reducción prevista en las tarifas.

Nueve de las diez acciones judiciales interpuestas en regiones corresponden a franquiciados de Farmacias Cruz Verde. Solo una se presentó en la capital: Comercial Maicao, propiedad de Femsa, ingresó el recurso de protección el 19 de diciembre en la Corte de Apelaciones de San Miguel. Sin embargo, el tribunal declaró la acción inadmisible. El 24 de enero, José Clemente Coz, en representación de la sociedad, insistió en la Suprema.

En las cortes de apelaciones de Copiapó, Chillán y Puerto Montt no sólo se ha hecho parte Mercado Pago, sino que también Los Andes Prepago, Walmart y Copec, quienes apoyan el reclamo de la sociedad franquiciada que opera dos locales de Cruz Verde, uno en Puerto Montt y otro en Calbuco.

Walmart señala que la postergación de la rebaja de las tasas de intercambio implica una vulneración al derecho de propiedad, generando pérdidas mensuales estimadas entre $500 millones y $750 millones al mes. Argumenta que la decisión del Comité fue arbitraria e ilegal, al impedir la entrada en vigor de los límites definitivos previamente establecidos y publicados.

Copec añade que no podrá recuperar los montos ya cobrados por los emisores bancarios, ya que estos ingresos habrán sido transferidos a las marcas de tarjetas (Visa, Mastercard, etc.), sin mecanismos para reembolso retroactivo, incluso en caso de un fallo judicial favorable. Además advirtió que el daño es irreparable porque no existen mecanismos legales que permitan compensar retroactivamente los perjuicios causados por las decisiones del Comité.

Mercado Pago sostiene que las resoluciones del Comité perjudican tanto a los operadores como a los consumidores al mantener tarifas superiores a las definidas como óptimas en la regulación. Denuncia que la suspensión de la rebaja fue tomada de forma apresurada, sin procedimientos legales adecuados ni fundamentos válidos, y que estas decisiones impactan directamente en los costos de las transacciones electrónicas, encareciendo los servicios para todos los usuarios.

Informes

Mercado Pago presentó el martes en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt un informe elaborado por Claudio Agostini, quien acusa al comité de tomar decisiones sesgadas en favor de los grandes emisores bancarios, lo que, según el economista, perjudica la libre competencia y la eficiencia del sistema de pagos. El documento cuestiona severamente la metodología utilizada por el CFLTI para establecer los límites de las tasas de intercambio (TI) y critica su reciente decisión de retrasar la rebaja. Agostini sostiene que estas acciones reflejan un claro sesgo proemisores, lo que contradice el objetivo principal de la regulación: promover un mercado competitivo y eficiente.

El economista advierte que esta postergación beneficia directamente a los emisores en detrimento de comercios y consumidores: 'La postergación favorece a los emisores, que es el lado del mercado donde existe poder de mercado y rentas que la regulación debía limitar'.

Agostini argumenta en su informe que las decisiones del CFLTI reflejan un sesgo estructural que prioriza los intereses de los emisores bancarios sobre los principios de competencia y eficiencia. 'Las decisiones del CFLTI muestran un sesgo más bien proempresa —en este caso, pro-emisores— que pro-mercado, lo cual es preocupante porque el objetivo principal de la regulación es permitir que el mercado funcione de manera competitiva y eficiente', afirma.

'Un perjuicio grave e irreparable'

El 14 de enero, José Manuel Mena, presidente del directorio de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (ABIF), solicitó a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazar el recurso de protección del franquiciado de Cruz Verde.

La ABIF sostuvo que acoger el recurso de protección 'provocará un perjuicio grave e irreparable al mercado de tarjetas, al imponer por vía de esta acción cautelar, una rebaja de tasas que jamás ha regido en la realidad.

'En paralelo, también adjuntó a su solicitud un informe elaborado por NERA Economic Consulting que presentó al Comité el 4 de diciembre de 2024. El informe que cuenta con 87 páginas está firmado por Paul Arenas y Fernando Jiménez, economista y ex ministro de Economía de España (2011 y 2014), respectivamente.

Según el documento, 'los objetivos son los de conseguir unas condiciones tarifarias que faciliten un mercado de tarjetas competitivo, inclusivo, transparente, con fuerte penetración y que logre un funcionamiento eficiente y seguro de los sistemas de pagos minoristas.' En particular, se analiza el período posterior a octubre de 2023, cuando se implementaron las primeras reducciones significativas de las TI, y se concluye que 'el ajuste efectivo en las TI máximas no ha tenido efectos positivos sobre la penetración de las tarjetas de pago.'

Asimismo, el informe destaca que 'la fijación de topes en las TI genera distorsiones no deseadas en los mercados,' incluyendo barreras de entrada para emisores más pequeños y una posible disminución de la competitividad. En una comparación internacional se señala que 'Chile es el país que tiene la normativa más intervencionista,' al regular todas las categorías de tarjetas de pago. Como recomendación, propone 'posponer al menos dos años el análisis de los efectos de la primera rebaja de TI,' debido a la insuficiente evidencia para evaluar rigurosamente su impacto y a los efectos adversos observados en otros países con regulaciones similares.

Mercado Pago está representado por el estudio Contreras Velozo, Los Andes Tarjetas de Prepago cuenta con la asesoría legal de Honorato Delaveau, Walmart con Bordoli Doren y Copec con Pellegrini & Rencoret. Por su parte, la ABIF es asesorada por el Estudio Fermandois.