El viernes pasado, Javier Milei, Presidente de Argentina, publicó un mensaje en su cuenta personal de X, donde promocionaba el lanzamiento de $LIBRA, una nueva criptomoneda. Sin saberlo, esta publicación sería el inicio de lo que el New York Times catalogó como una “tormenta política”. “¡La Argentina liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA”, se leía en la cuenta de X de Milei, que luego de varias horas eliminó repentinamente.
Después de la publicación, la criptomoneda alcanzó un gran valor, según consigna la BBC, por encima de los US$4.000 millones. Sin embargo, en las redes sociales, las críticas no se hicieron esperar, había quienes señalaban al presidente de Argentina como un “estafador”, ya que en apenas unas horas el valor de la nueva moneda digital se desplomó y los que invirtieron sufrieron grandes pérdidas.
Ante la situación, Milei se desvinculó de lo sucedido y publicó en X que estaba apoyando “un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haber interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”.
Las autoridades argentinas se encuentran investigando lo sucedido y la vinculación del mandatario con el fundador de la criptomoneda, Hayden Mark Davis, quien aseguró ser asesor de Milei. Aunque aún el escenario es confuso y complejo, esto refleja una de las realidades de las criptomonedas: la vulnerabilidad y los desafíos de su regulación.
Jorge Berríos, director académico del Diplomado en Finanzas Unegocios de la FEN de la Universidad de Chile, explica que una criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado que garantiza su titularidad y asegura la integridad de las transacciones. Se trata de una moneda que no existe de forma física y se almacena en una cartera digital.
Este tipo de activos no está regulado ni controlado por ninguna institución y no necesita de intermediarios para las transacciones. El Banco Central ha emitido algunos comunicados sobre esta moneda digital, por ejemplo en uno de ellos con fecha de enero de 2021, se lee que “no cuentan con un reconocimiento legal o reglamentario especifico en nuestro país, además de no corresponder a moneda de curso legal y que los mismos tampoco pueden ser entendidos como moneda extranjera o divisa para efectos de la legislación cambiaria”.
Asimismo, se lee: “estos activos no corresponden a medios de pago regulados por la Ley N.º 20.950, que autoriza la emisión de tarjetas de pago con provisión de fondos a entidades no bancarias”.
De acuerdo con el académico, el impacto en el país de este tipo de moneda digital es “bastante bajo”, porque no existe un marco regulatorio y las transacciones se hacen fuera de los mercados formales, “existe poca claridad de cuál es el peso en la economía, cuánto se mueve y de qué tipo. Hay poca información por la informalidad del mercado”.
Incluso, Berríos explica que debido a su informalidad y al poco respaldo que existe, pueden ocurrir casos como el de Argentina: “Así como pueden tener un alza espectacular de valores, pueden bajar en cinco minutos a valor cero, porque no hay un respaldo suficiente, solo quien está dispuesto a pagar más o menos por el valor por el que se tranza la moneda”.
Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que sí se debe declarar y pagar impuestos sobre operaciones con criptomonedas, “ya que las ganancias obtenidas en las actividades de compra y venta de criptomonedas son rentas afectas a impuestos”. Asimismo, luego de la aprobación de la Ley Fintech (21.521), se promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros.
“La regulación sobre el mercado de los criptoactivos es parte del rol que ejerce la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), así como también la supervisión y normativas. Estos activos los define la Ley Fintech como representaciones digitales de valor, bienes o servicios que pueden ser transferidos, almacenados o intercambiados digitalmente”, explica el experto en finanzas y académico de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello, Jaime Vera.
Los desafíos y peligros
María Fernanda Juppet, CEO de CryptoMarket, una empresa financiera tecnológica chilena, explica que el principal desafío en Chile es avanzar en una regulación que sea clara y que, al mismo tiempo, no limite la innovación tecnológica. “Es necesario un equilibrio entre proteger a los consumidores y permitir el desarrollo de soluciones basadas en blockchain que puedan tener un impacto positivo en distintos sectores, como el comercio internacional, las remesas o la inclusión financiera”.
“Actualmente, las empresas que operamos en el mercado debemos cumplir con las normas de prevención de lavado de activos, conocer a nuestros clientes y reportar operaciones sospechosas. Asimismo, las facultades legales están vinculadas a las obligaciones tributarias establecidas por el SII y a las normas de la CMF cuando se trata de activos que puedan considerarse valores o instrumentos financieros”, explica.
Ahora, en cuanto a los riesgos de la utilización de este tipo de moneda, Vera comenta que operar con estos activos conlleva distintos tipos de amenazas, además de la falta de un marco legal robusto. Por ejemplo, “para el inversor hay un riesgo significativo relacionado con la volatilidad de las criptomonedas, las cuales han mostrado importantes fluctuaciones en su valorización. Otro riesgo asociado es de carácter tecnológico, ya que las plataformas de intercambio o negociación pueden ser vulneradas por ataques informáticos. Junto a lo anterior, el desconocimiento sobre la tecnología subyacente vuelve a los usuarios más susceptibles de fraudes o estafas”.